El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ha informado sobre un preocupante incremento del 11% en las víctimas de extorsión en México durante el primer bimestre del año 2024 en comparación con el mismo período del año anterior.
Este aumento coloca al presente como el segundo año con más incidencia de este delito en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un contexto marcado por una escalada de violencia sin precedentes en la historia reciente del país.
Según las estadísticas proporcionadas por el SNSP, las víctimas de extorsión han pasado de mil 664 en los dos primeros meses de 2023 a mil 846 en el mismo período de 2024. Estos números representan un promedio diario de 31 víctimas de extorsión en todo el territorio nacional, aunque se estima que la cifra real podría ser considerablemente mayor debido a la subnotificación del delito por temor a represalias por parte de los grupos criminales.
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) ha advertido que la extorsión es un delito que ha experimentado una alarmante diversificación y que su cifra negra alcanza niveles superiores al 90%. Además de las pérdidas económicas, la extorsión tiene un impacto devastador en las comunidades locales, generando violencia, desigualdad y una profunda sensación de inseguridad entre los ciudadanos.
Las estadísticas oficiales muestran que los estados más afectados por las extorsiones son el Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México. En respuesta a esta creciente crisis, el Ejecutivo federal ha presentado una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados para considerar la extorsión como un delito grave, buscando endurecer las penas para los extorsionadores y garantizar consecuencias legales más severas para quienes sean detenidos por este delito.
Sin embargo, muchos expertos advierten que se necesita una estrategia integral para abordar las causas subyacentes de la extorsión, incluida la falta de oportunidades económicas, la corrupción y la debilidad del estado de derecho en algunas regiones del país. El aumento alarmante de las víctimas de extorsión subraya la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para combatir este delito y proteger a la población vulnerable en México.
