Buscadores de personas desaparecidas han solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno mexicano los reconozca como defensores de derechos humanos, con el objetivo de recibir mayor protección frente a los riesgos asociados con su labor. En una audiencia pública, se denunció que desde 2010 más de 20 buscadores han sido asesinados, 15 de ellos durante el actual sexenio. Viviana Mendoza, buscadora de su hermano desaparecido desde 2018, afirmó que el gobierno les ha negado protección, e incluso denunció agresiones por parte de las autoridades en algunos casos.
Los buscadores señalaron que las zonas donde operan están afectadas por la presencia de grupos criminales y el narcotráfico, lo que aumenta su vulnerabilidad. También criticaron el censo de desaparecidos implementado por el Gobierno Federal, considerándolo violatorio de las leyes y protocolos pertinentes. La CIDH escuchó testimonios de buscadores que relataron casos de familiares asesinados mientras buscaban a sus seres queridos.
A pesar de las medidas de protección implementadas por el gobierno y su inclusión en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la situación sigue siendo preocupante. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que desde 2019 al menos 9 mujeres buscadoras han sido asesinadas en represalia por sus actividades, con numerosos casos de agresiones impunes.
En respuesta, los familiares y organizaciones solicitaron a la CIDH que inste al Estado mexicano a reconocer a los buscadores como defensores de derechos humanos y a transparentar las cifras relacionadas con las medidas de protección. Además, pidieron una visita de la CIDH a México para abordar este tema y revisar las peticiones individuales.
