El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia matutina realizada ayer en Palacio Nacional que antes de que finalice este año o a más tardar el próximo, presentará al Congreso una iniciativa de reforma administrativa con el propósito de eliminar organismos que, según él, son supuestamente autónomos pero que no cumplen una función útil para la sociedad.
El mandatario destacó que instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Federal de Competencia Económica (Cofece) no sirven al pueblo y están al servicio de las minorías.
En sus declaraciones, López Obrador expresó su firme posición de que todos estos organismos deben desaparecer, y su intención es enviar la iniciativa correspondiente antes de que concluya su sexenio. Afirmó que, de no ser aprobada, quedará constancia de la falta de voluntad para transformar lo que considera perjudicial, acusando que estos organismos están al servicio de intereses minoritarios.
El presidente argumentó que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre y señaló que existen organismos onerosos y superfluos que no contribuyen positivamente. Su propósito al enviar esta iniciativa es establecer cómo desmantelar el aparato que, según él, se creó de manera paralela al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público.
Además, López Obrador anunció que enviará otra iniciativa de ley antes de que termine el año para prohibir los vapeadores, argumentando que causan mucho daño a la salud. Criticó la reciente decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, de otorgar suspensión a una comercializadora para vender cigarrillos electrónicos, priorizando lo mercantil sobre la salud.
Asimismo, el presidente expresó su desacuerdo con la resolución del ministro sobre la no desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, que suman 15 mil millones de pesos. Acusó al ministro de ser un defensor de causas vinculadas con la corrupción y cuestionó la decisión de no eliminar dichos fideicomisos, pidiendo que se cumpla la palabra empeñada por la presidenta de la Corte, Norma Piña, de destinar los recursos a los damnificados del huracán Otis.
