En una reciente decisión, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó llevar a cabo la fiscalización de la propaganda en vía pública y los gastos relacionados con los mítines que actualmente realizan los aspirantes presidenciales de todos los partidos políticos.
Hubo diferentes opiniones en las votaciones
La votación en el Consejo General fue dividida, con la presidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei, y los consejeros Rita López, Jorge Montaño y Norma de la Cruz votando en contra de la medida.
El argumento de esta oposición fue que preferían esperar a las reglas que el Tribunal Electoral había solicitado para regular los procesos internos del Frente Amplio por México y Morena. Sin embargo, otros consejeros insistieron en que el INE debería actuar de inmediato debido al proselitismo y propaganda desplegados por todo México, que posiblemente podrían violar la ley.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aseguró que el INE ha estado vigilante de los acontecimientos en el país y ha estado atendiendo los procesos internos de los partidos, basándose en las resoluciones de la Comisión de Quejas y las valoraciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Con esta aprobación, el acuerdo del 10 de julio emitido por la Comisión de Fiscalización queda blindado. Dicho acuerdo ordenó desplegar personal de juntas locales y distritales para contabilizar y vigilar la propaganda en vía pública, incluyendo espectaculares, bardas y anuncios en internet. Además, se supervisarán los gastos en eventos públicos y mítines llevados a cabo por los aspirantes a la Presidencia de la República.
Esta decisión busca garantizar una mayor transparencia en los procesos electorales y asegurar que los aspirantes cumplan con las reglas y restricciones establecidas para la propaganda y los gastos de campaña. La fiscalización busca evitar posibles violaciones a la ley y mantener un proceso electoral justo y equitativo.
Se espera que esta medida tenga un impacto significativo en el monitoreo y regulación de la propaganda política y los gastos de los aspirantes presidenciales, asegurando la rendición de cuentas y la legitimidad del proceso electoral en curso.
