Reforma al Poder Judicial en México: Riesgos para el T-MEC y la Economía
La reforma al Poder Judicial propuesta por el Gobierno Federal podría tener serias repercusiones para la economía mexicana y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según advirtieron especialistas y juristas en un reciente foro.
Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, señaló que la reforma, que incluye la elección popular de jueces y magistrados, podría retrasar las resoluciones judiciales, impactando negativamente el crecimiento económico. Citando estudios del Banco de México, Moreno destacó que la eficiencia en la resolución de conflictos judiciales es clave para el desarrollo económico, con un aumento del 0.6% en el crecimiento de los estados donde los conflictos se resuelven más rápidamente.
Moreno también enfatizó la necesidad de contar con jueces especializados en áreas como energía, telecomunicaciones, y propiedad intelectual, advirtiendo que la elección popular podría permitir que personas sin la experiencia necesaria asuman roles críticos, con consecuencias potencialmente graves para la economía y la justicia.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, subrayó que la reforma podría violar tres capítulos del T-MEC: el 14 sobre inversiones, el 23 sobre temas laborales, y el 27 sobre políticas anticorrupción. Estos capítulos requieren de tribunales independientes e imparciales, algo que no garantiza la propuesta actual, que pretende elegir a jueces, magistrados, y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través del voto popular. Campos advirtió que esto podría abrir la puerta a injerencias externas, incluyendo la influencia del crimen organizado en las elecciones judiciales.
Además, Jorge Sepúlveda, secretario de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, criticó la reforma por no abordar la alta tasa de impunidad en México y por proponer una reducción del presupuesto para el Poder Judicial. Subrayó la necesidad de aumentar los ingresos para los poderes judiciales estatales, que actualmente manejan el 67% de la carga judicial del país con un presupuesto significativamente menor que el federal.
Los expertos también señalaron que México ya se encuentra por debajo de los estándares internacionales en cuanto al número de jueces por cada 100 mil habitantes, con solo 4 jueces en comparación con el estándar recomendado de 18.
La reforma, si se implementa, podría no solo desacelerar la economía y aumentar la carga financiera del país, sino también poner en riesgo la relación comercial con Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC, concluyeron los especialistas.
