Los 36 colegios de abogados en Jalisco manifestaron su oposición a la reforma judicial que se discutirá en el Congreso mexicano, advirtiendo que podría dañar la democracia y someter al Poder Judicial, que actúa como contrapeso del gobierno.
Durante una conferencia de prensa, José Luis Tello, presidente del Consejo de Colegios de la Abogacía en Jalisco, expresó que la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección popular de jueces y magistrados, busca tener un Poder Judicial a modo, alineado con los intereses del Ejecutivo.
Tello señaló que esta reforma pondría en riesgo la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, elementos fundamentales para la preservación de la democracia en México. Añadió que la elección popular de los jueces, que se llevaría a cabo a partir de 2025, implicaría un costo cercano a los 64 mil millones de pesos, recursos que podrían destinarse a áreas críticas como la educación y la salud.
En respuesta a la propuesta, jueces y magistrados de todo el país iniciarán un paro indefinido, una medida de presión contra la iniciativa. Tello subrayó que la reforma viola las garantías individuales y el Estado de derecho, y pidió al Congreso que no se deje engañar por las aparentes intenciones del Ejecutivo.
Por su parte, Agustín Flores, presidente del Colegio de Abogados en Juicios Orales, criticó la creación de un Tribunal de Disciplina propuesto en la reforma, calificándolo de innecesario, ya que existen órganos de control como el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene la capacidad de sancionar a los funcionarios judiciales que incurran en malas prácticas. Flores recordó que el Consejo de la Judicatura ya cuenta con mecanismos para procesar quejas administrativas, que son esenciales para mantener la integridad del sistema judicial.
Finalmente, el Consejo de Colegios de la Abogacía en Jalisco destacó que, aunque solo uno de cada 10 jueces presenta malas prácticas, es crucial abordar estos casos a través de los canales existentes para evitar que la reforma judicial comprometa la independencia del Poder Judicial y, con ello, la estabilidad democrática del país.