El año 2024 comienza con una intensidad política que promete ser un desafío para los derechos humanos. El escenario electoral marcará los meses venideros, con perspectivas ya trazadas que guiarán las plataformas políticas en disputa.
Por un lado, se observa un intento de utilizar la persistente crisis de derechos humanos como un arma arrojadiza para criticar la administración actual. Aunque esta perspectiva puede entenderse desde un punto de vista político, su credibilidad se ve cuestionada al provenir de actores políticos que en el pasado contribuyeron a esta misma crisis.
Por otro lado, surge la pretensión de abordar la compleja agenda de las víctimas a través de la propuesta de modificar el mecanismo de selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, esta propuesta, además de plantear riesgos para el Estado de Derecho, no abordaría de manera efectiva la profunda crisis de impunidad del país. Esta crisis está más relacionada con el mal funcionamiento de las fiscalías y el modelo de seguridad militarizado y centralizado que con el sistema judicial.
