El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que revisará detenidamente la investigación realizada por México sobre el caso de Fujikura Automotive, ante las preocupaciones de presuntas violaciones a los derechos laborales en la planta de Piedras Negras, Coahuila. A pesar de la conclusión del gobierno mexicano de no encontrar evidencia suficiente de denegación de derechos laborales, Estados Unidos expresó su interés en examinar minuciosamente la situación.
La controversia en torno a Fujikura Automotive surgió cuando México, en su investigación, no respaldó las acusaciones de «listas negras» y denegación de derechos laborales en la planta. A pesar de esta decisión, Estados Unidos ha manifestado su intención de dialogar y analizar conjuntamente la investigación. El agregado laboral principal de EE. UU., Pablo Solorio, afirmó que se llevará a cabo una revisión detallada.
La organización Comité Fronterizo de Obreros fue la responsable de denunciar a Fujikura Automotive, alegando prácticas laborales cuestionables. Si las dos naciones no logran un acuerdo, el caso podría avanzar a un panel bajo el T-MEC, un escenario similar al que ocurrió con la Mina San Martin de Grupo México.
La Liga Sindical Obrero Mexicana, a través de su apoderado legal, Pablo Franco, ha destacado la persistencia de «listas negras» que afectan a ex trabajadores de Manufacturas VU, situación que se extiende a otras empresas. Franco subrayó la necesidad de una mayor difusión de las obligaciones empresariales respecto al respeto de los derechos fundamentales.
Aunque Fujikura aceptó algunas medidas de sensibilización y difusión, la Liga Sindical Obrero Mexicana sostiene que el problema no se limita a una sola empresa. Se enfatiza la importancia de involucrar a los gobiernos estatal y municipal en la protección de los derechos laborales y la necesidad de sancionar a las empresas que incurran en prácticas discriminatorias.
Las acciones implementadas por Fujikura, como la publicación de una carta de compromiso y la capacitación en derechos laborales, fueron destacadas por las secretarías del Trabajo y de Economía de México, a pesar de la ausencia de pruebas concluyentes de denegación de derechos.
