El Gobierno de España ha declarado zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil a Valencia y otras áreas inundadas la semana pasada, lo que permitirá la distribución de ayudas a los 78 municipios severamente impactados por el fenómeno meteorológico conocido como dana.
Esta medida fue anunciada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien destacó que su gabinete ha estado trabajando en cuatro áreas prioritarias: salvar vidas, recuperar los cuerpos de las víctimas, garantizar la seguridad en las calles y restablecer suministros y servicios en las zonas afectadas.
El primer paquete de medidas, aprobado por el Consejo de Ministros, tiene un costo de 10,600 millones de euros, que se destinarán a ayudar a hogares, empresas y autónomos afectados. Este apoyo incluye el pago del 100% de los gastos de emergencia de los ayuntamientos y hasta el 50% de los costos de las obras necesarias para reparar infraestructuras dañadas.
La respuesta del Gobierno se estructurará en tres fases: una respuesta urgente a la catástrofe, la reconstrucción de las áreas afectadas y una fase de relanzamiento enfocada en adaptar el territorio a la emergencia climática, especialmente en la región del mar Mediterráneo.
Sánchez también anunció un aumento en el despliegue de personal de seguridad, pasando de 7,300 a 14,898 efectivos, además de brigadistas forestales y personal médico. Se ha logrado restablecer el suministro eléctrico al 98% de los hogares afectados y se han reparado importantes tramos de carreteras y vías ferroviarias. A pesar de estos avances, aún quedan desaparecidos y muchas personas sufren carencias severas.
El presidente regional de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, comparecerá el 14 de noviembre ante las Cortes valencianas para explicar la gestión de la catástrofe. Mientras tanto, Sánchez ha enfatizado que «aún queda mucho por hacer» y ha decidido no entrar en debates políticos hasta que la situación se aclare.
