La ONU y la Corte Penal Internacional (CPI) están supervisando de cerca las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, según informaron este lunes en comunicados oficiales.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU instó al gobierno de Nicolás Maduro a “cesar de inmediato la represión que ha sacudido al país desde las elecciones presidenciales del 28 de julio” y a “realizar una investigación exhaustiva sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se están reportando” en la nación sudamericana. Las acusaciones sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y grupos paraestatales en Venezuela han aumentado desde que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador sin proporcionar un desglose detallado de los resultados.
El organismo señala que desde entonces, en Venezuela «se vive un clima de miedo generalizado,» marcado por detenciones que ocurren después de protestas o por expresar opiniones en redes sociales. Hasta la fecha, han documentado 23 muertes, la mayoría por disparos de armas de fuego, y la detención de 1,260 personas, entre ellas 160 mujeres y más de 100 menores, quienes han sido «indiscriminadamente etiquetadas como terroristas,» según el comunicado.
Sin embargo, Maduro informó la semana pasada que más de 2,200 personas han sido detenidas en relación con estas manifestaciones.
Para la ONU, estas detenciones tienen características que las hacen arbitrarias, tales como “audiencias telemáticas sumarias, realizadas por tribunales con competencia en terrorismo en Caracas, aunque los hechos ocurrieran en otro lugar; imputaciones de cargos graves como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin pruebas que lo justifiquen o aplicados de manera desproporcionada; negación de información a familiares o información tardía e incompleta; y obstáculos para que los detenidos puedan nombrar abogados de su confianza”.
Según CNN, entre los detenidos se encuentran líderes y dirigentes de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas. Algunas de estas detenciones fueron transmitidas en vivo por las propias personas que luego fueron arrestadas.
“La Misión sigue documentando, analizando, verificando e investigando las violaciones a los derechos en la República Bolivariana de Venezuela, y exige que la represión iniciada desde el 28 de julio cese de inmediato”, concluye el comunicado.
El viernes, Maduro rechazó el trabajo de la Misión, que tiene un mandato vigente hasta septiembre de 2024 para operar en Venezuela, argumentando que “no conocen nuestro ordenamiento jurídico.”
CPI sigue la situación activamente
Por otro lado, la CPI informó que está “monitoreando activamente” la situación en Venezuela. En un comunicado dirigido a la prensa, la oficina del Fiscal de la CPI, Karim Khan, indicó que están “siguiendo de cerca los eventos recientes y han recibido múltiples informes de casos de violencia y otras acusaciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”.
La comunicación enfatiza que están en contacto con el gobierno venezolano, destacando la importancia de “asegurar el respeto al estado de derecho en este momento crucial y subrayar que todas las personas deben estar protegidas de violaciones que podrían constituir crímenes según el Estatuto de Roma.”
