La reciente aprobación en el Senado mexicano de la prohibición definitiva de las terapias de conversión marca un hito significativo en la protección de los derechos humanos en el país, especialmente para la comunidad LGBTQ+.
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Estas prácticas, consideradas actos de tortura por diversos organismos internacionales, han sido ampliamente condenadas por su naturaleza abusiva y perjudicial, que incluye desde abusos físicos y psicológicos hasta métodos extremos como electrochoques y supuestos exorcismos.
El respaldo mayoritario de 77 votos a favor en el Senado refleja el consenso en la necesidad de erradicar estas prácticas coercitivas. Las sanciones impuestas a quienes realicen o promuevan estas terapias, que incluyen penas de prisión de dos a seis años y multas considerables, muestran un claro compromiso del gobierno mexicano en proteger a sus ciudadanos contra estas violaciones de los derechos humanos.
Además, se han considerado sanciones específicas para los padres, madres o tutores que promuevan estas prácticas en comparación con aquellos que no tienen una relación directa con la víctima. Mientras que para los primeros se prevén sanciones de amonestación o apercibimiento, para los segundos se establece la destitución e inhabilitación para desempeñar su cargo por un período igual a la pena impuesta.
La senadora Patricia Mercado, una figura destacada en la promoción de esta iniciativa, ha elogiado el trabajo incansable de organizaciones como Yaaj México en la consecución de esta victoria para la comunidad LGBT+.
Esta decisión representa un paso adelante en la protección de los derechos humanos en México y ha sido recibida con alegría y celebración por parte de activistas y políticos comprometidos con esta causa.