El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su rechazo a la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, la cual busca detener el flujo de personas migrantes y ha sido avalada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
La SRE condenó esta medida por considerar que criminaliza a los migrantes, promueve la separación de familias y fomenta la discriminación y el perfilamiento racial, lo cual vulnera los derechos humanos de la comunidad migrante. Además, cuestionó disposiciones legales que afectan a los más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando ambientes hostiles y expuestos a expresiones de odio.
El Gobierno mexicano reiteró su derecho de proteger los derechos de sus nacionales en Estados Unidos y establecer sus propias políticas de internación a su territorio. Destacó la importancia de una política migratoria uniforme y los esfuerzos bilaterales para una migración segura y ordenada, sin que se vea afectada por decisiones legislativas estatales o locales.
En este contexto, México anunció que no aceptará repatriaciones por parte de Texas bajo ninguna circunstancia. La cancillería, liderada por Alicia Bárcena, rechazó la entrada en vigor de la Ley SB4 de Texas, afirmando que atenta contra los derechos de los migrantes y enfatizando la prioridad de proteger y apoyar a los connacionales en movilidad.
