Seis periodistas fueron arrestados en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, en un contexto de creciente represión denunciada por varios gobiernos. En la última semana, se documentaron al menos siete casos de violaciones a la libertad de expresión.
Una de las detenidas es Ana Guaita Barreto, periodista del portal independiente La Patilla, arrestada por presuntos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cerca de su residencia en Maiquetía, estado La Guaira. Activistas denunciaron que Guaita, hija de dos dirigentes opositores que habrían salido del país debido al acoso político, fue detenida el martes, y su paradero es desconocido. Tamara Suju, defensora de derechos humanos, informó que un vehículo utilizado por el SEBIN se la llevó frente a su casa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó la detención y defendió el derecho de Guaita a ejercer el periodismo sin ser criminalizada por su parentesco o ideología política.
Marino Alvarado, defensor de derechos fundamentales, sugirió que la detención de Guaita podría ser una estrategia para presionar a sus padres, Xiomara Barreto y Carlos Guaita, a entregarse. Alvarado comparó esta táctica con prácticas utilizadas por las dictaduras de Videla en Argentina y Pinochet en Chile.
Desde las elecciones, al menos seis periodistas han sido arrestados, acusados de delitos como terrorismo, sin acceso a defensa privada. Además, la organización Espacio Público ha documentado 122 casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, ataques, hostigamiento, bloqueos digitales y la criminalización del discurso crítico en redes sociales. En un movimiento represivo, más de 100 trabajadores de Venezolana de Televisión fueron despedidos por compartir contenido contrario al gobierno.
La red social X (anteriormente Twitter) lleva 13 días bloqueada en Venezuela, y el gobierno ha anunciado su retiro temporal por «promover el odio». El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, justificó el bloqueo citando la necesidad de que las redes sociales cumplan con las leyes venezolanas. Diversas organizaciones han denunciado la implementación de una política pública para «silenciar y perseguir las voces y contenidos críticos» en Venezuela, donde más de 400 medios de comunicación han sido cerrados desde 2004, según el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).