En medio del complejo panorama político que vive Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro avanza hacia una mayor radicalización con nuevas medidas legales que buscan consolidar su control.
Durante una cadena nacional de radio y televisión, Maduro se reunió con el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa Nacional en la Casa Amarilla, sede de la cancillería, para discutir la implementación de leyes «antifascistas» que fortalezcan su posición frente a la oposición.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los principales operadores políticos de Maduro, anunció que se retomará la discusión sobre la Ley de Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales, que endurece el control estatal sobre estas entidades. Además, informó que la Cámara, dominada por el chavismo, debatirá la creación de una Comisión Nacional contra el Fascismo, el Odio y la Violencia, para enfrentar lo que describen como «ciberfascismo» perpetrado por sectores opositores.
Maduro, quien ha defendido su victoria electoral a pesar de las demandas de auditoría por parte de la oposición y la comunidad internacional, se refirió al fascismo como un mal universal y acusó a la oposición venezolana de ser la representación local de la extrema derecha. En su discurso, subrayó la importancia de mantener la paz en el país y advirtió que no habrá tolerancia con quienes intenten subvertir el orden público.
Rodríguez también criticó duramente el papel de las redes sociales, calificándolas como «el mayor peligro contra la libertad» y destacando que representan una amenaza para la tranquilidad social. Esta postura marca un cambio significativo en la estrategia del chavismo, que hasta ahora había utilizado las redes sociales, especialmente TikTok, como una herramienta clave para la promoción de sus ideas políticas.
El fiscal general, Tarek William Saab, también se pronunció sobre las protestas masivas que siguieron a las elecciones, calificándolas como parte de una «escalada golpista» financiada por Estados Unidos. Saab defendió la respuesta del gobierno a las protestas, que dejó un saldo de 25 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos y desaparecidos, argumentando que se trató de un intento de derrocar a un gobierno legítimamente electo.
