Lorenzo Roel, consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que la legislación laboral mexicana ya cumple con los lineamientos de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por lo tanto, instó a no politizar ni utilizar con fines electorales la propuesta de reforma al Artículo 123 de la Constitución, que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Esta reducción podría aumentar los costos laborales entre un 25% y un 40%, y repercutir en el precio de productos y servicios.
Roel explicó que los días de descanso semanal están regulados en la Fracción I, del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución, y la jornada laboral y los días de descanso están debidamente regulados en los artículos del 58 al 75 de la Ley Federal del Trabajo.
El consejero de Coparmex señaló que México no ha recibido quejas ni recomendaciones por parte de la OIT en relación con los días de descanso o la jornada laboral. Sin embargo, la propuesta de reducir la jornada laboral tendría un impacto significativo en empresas que operan en tres turnos: diurno, mixto y nocturno, que son una parte importante del sector de manufactura y contribuyen al Producto Interno Bruto.
Según Roel, la reducción de la jornada laboral requeriría la contratación de al menos 2.6 millones de trabajadores adicionales para cubrir las 105 millones de horas semanales que actualmente se laboran más de 40 horas. Esto, según él, es prácticamente imposible y tendría un impacto económico anual de 360 mil millones de pesos.
El consejero de Coparmex argumentó que, bajo la normativa actual, la jornada máxima diurna de 48 horas equivale a 45 horas efectivas, descontando el tiempo destinado al descanso o la comida, que en la mayoría de los casos se considera como tiempo de trabajo.
El sector empleador hace un llamado al Congreso de la Unión para que, antes de legislar sobre los días de descanso y la jornada laboral, se promueva el diálogo social, la consulta y la negociación, teniendo en cuenta las diversas actividades económicas. La reducción de la jornada laboral debería ser progresiva y considerar las condiciones nacionales y las situaciones de cada sector.
Roel advirtió que una reducción inmediata tendría un impacto negativo en las medianas, pequeñas y microempresas, así como en sectores como la manufactura, la agricultura, el comercio y los servicios turísticos y gastronómicos, lo que podría aumentar la informalidad laboral. Además, la iniciativa no aumentaría la productividad ni proporcionaría más descanso a los trabajadores, sino que incrementaría los costos laborales y, en consecuencia, los precios de productos y servicios.
