El Parlamento de Ecuador ha aprobado el inicio del proceso de juicio político de censura contra la canciller Gabriela Sommerfeld.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó el procedimiento con el voto favorable de cinco legisladores, tres abstenciones y uno en contra, iniciando así el proceso de sustanciación contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Acusaciones y Contexto
Gabriela Sommerfeld ha sido acusada de incumplimiento de funciones en relación con la crisis diplomática con México. La controversia surgió tras la incursión violenta de la Policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril, con el objetivo de arrestar a Jorge Glas, exvicepresidente del gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Glas, quien contaba con asilo diplomático otorgado por México y esperaba un salvoconducto para salir del país, fue detenido en la embajada, desencadenando tensiones diplomáticas.
Actualmente, Jorge Glas está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, mientras Ecuador y México mantienen un litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Procedimiento Parlamentario
Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que la calificación del juicio político sigue el procedimiento legislativo establecido, cumpliendo con los requisitos necesarios para iniciar el proceso de censura. Jhajaira Urresta, asambleísta del movimiento opositor Revolución Ciudadana, liderado por Rafael Correa, presentó la solicitud para el juicio político el 25 de abril, la cual fue aceptada por el Consejo de Administración Legislativa y remitida a la Comisión de Fiscalización.
El proceso implica notificar a la canciller Sommerfeld, quien tendrá la oportunidad de defenderse y demostrar el cumplimiento de sus funciones. A partir de esta notificación, las partes tendrán quince días para presentar pruebas de cargo y descargo. Posteriormente, se convocarán audiencias para la presentación de estas pruebas.
Reacciones Internacionales
El pasado 12 de abril, el Gobierno de México denunció el asalto a su embajada en Quito ante António Guterres, secretario general de la ONU. México también solicitó a la CIJ que se declare a Ecuador responsable del incidente, argumentando que Ecuador violó la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas. Por su parte, Ecuador acusa a México de interferir en sus asuntos internos, abusar de la inmunidad diplomática y violar normas internacionales relacionadas con el asilo diplomático.
Este juicio político marca un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre Ecuador y México, mientras ambos países buscan resolver sus diferencias en la CIJ.
